Cláusulas sociales
Las Cláusulas Sociales se definen como la inclusión de aspectos de política social en los procesos de contratación pública. Concretamente, en el caso de las Empresas de Inserción, la introducción de cláusulas sociales está orientada a la promoción de empleo para personas en situación de riesgo de exclusión social con objeto de favorecer su integración social y laboral.
La contratación pública se basa actualmente en unos criterios objetivos (condiciones técnicas y precio) y la aplicación de unos principios (libre concurrencia y publicidad), no teniendo en cuenta otros principios más importantes de carácter ético, social y solidario, como en este caso la atención a personas y colectivos desfavorecidos.
Cabe exigir a la Administración Pública la eficacia y eficiencia en el gasto público, puesto que ésta es gestora de fondos y presupuestos públicos, por lo que debe impulsar efectos sociales y de empleo. El peso de los contratos públicos en la UE supone entre el 12% y el 15% del PIB, lo que convierte a la Administración en agente económico de primer orden.
Pueden incorporarse cláusulas sociales en distintas fases de adjudicación de un contrato público:
- Como criterio de admisión, exigiendo requisitos previos de carácter social o la acreditación de experiencia o solvencia técnica en materia de inserción sociolaboral para que la empresa pueda ser contratada. Por ejemplo, exigir que se trate de una empresa de inserción.
- Como criterio de valoración o puntuación, señalando características o compromisos de carácter social que serán baremados o puntuados en la adjudicación del contrato. Por ejemplo, que un porcentaje de la plantilla que ejecutará el contrato sean personas con dificultades de acceso al empleo.
- Como una obligación, señalando condiciones obligatorias de carácter social para la ejecución del contrato. Por ejemplo, que la empresa adjudicataria deba ineludiblemente contratar a un número de personas en situación o riesgo de exclusión social.
Frente a la vía tradicional de concesión de subvenciones, existen fórmulas posibles de colaboración a través de la contratación pública. Por ello, es preciso fomentar la corresponsabilidad entre la Administración Pública y las entidades de acción social, en especial EMPRESAS DE INSERCIÓN.
Documentación y enlaces de interés
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